En este sentido, el magistrado les notificó la resolución al primer mandatario, que se encontraba procesado hace cinco años y medio.
En la resolución, el magistrado entendió que hay una diferencia entre las responsabilidades "políticas y las responsabilidades penales" y que la tarea de la Justicia es reunir prueba para penar estas últimas, según explicaron fuentes judiciales.
En ese aspecto, remarcó que a lo largo de más de cinco años de investigación no se reunieron pruebas para demostrar que el Presidente hubiese estado al tanto de las escuchas ilegales a las que fueron sometidos su ex cuñado Néstor Leonardo y el familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein.